En el sector público, el derecho humano una buena administración pública, del que gozamos todas las y los ciudadanos ante nuestros gobiernos, es el seguro punto de anclaje del derecho a entender. Esto implica la obligación de todas las entidades públicas de actuar diligentemente para hacerse entender por cualquier motivo y a través de cualquier medio o canal de comunicación.
Una
decisión o información emanada de cualquiera de los tres poderes de gobierno,
que sea incomprensible para las y los ciudadanos, es prácticamente imposible de
cumplir, esto haría que la aplicación de una consecuencia jurídica de cualquier
naturaleza por dicho incumplimiento, sea una medida no razonable y totalmente
arbitraria.
Esté
explícita o no en una ley, la obligación de los gobiernos y administraciones de
garantizar el derecho a entender, forma parte intrínseca de los principios de
buen gobierno y más aún, del derecho humano a una buena administración. Por
tanto, darse a entender es una obligación transversal que debe garantizarse en el
sector público respecto a cualquier información transmitida.
Expresarse en lenguaje claro, debe verse entonces como un imperativo
ético-democrático para hacer realidad el derecho humano a la buena administración
pública.
Se dice que es un imperativo ético, porque expresar con lenguaje claro toda decisión o información emanada de cualquiera de los tres poderes de gobierno, debe asumirse como una responsabilidad comunicativa trasversal.
Asimismo, el lenguaje claro es un imperativo democrático, porque es un instrumento para el logro de los intereses generales que han de perseguir los poderes públicos, todo ello sin costo y con eficacia[1], lo cual resulta elemental en todo Estado que tenga como uno de sus ideales la buena administración y propiciar que la ciudadanía participe en los asuntos de la vida democrática.
El lenguaje claro constituye así, la puerta de entrada al ejercicio de nuestros derechos y a los servicios públicos, pues al expresar sus comunicaciones de manera comprensible y sencilla, las entidades públicas posibilitan el acceso a nuestros derechos individuales y colectivos y se garantiza el derecho a entender de toda la ciudadanía.
Para ser ciudadanos con plenos derechos y participar en la
construcción del espacio público, el primer paso es entender lo que la
administración pública y el gobierno nos quieren hacer saber.
[1] Montolío, Estrella; Tascón, Mario. El
derecho a entender: 774 (Mayor) (Spanish Edition) (p. 11). Los Libros de La
Catarata. Edición de Kindle.
